Más incentivos para más empleo y menos informalidad por Daniel Oporto Calderón (publicado en La Razón, 26.09.11)

http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=138130&EditionId=266

A partir de la revisión de información estadística relacionada con el trabajo infantil y adolescente en poblaciones de menores ingresos, se evidencia un alto nivel de informalidad, con una concentración del empleo en actividades precarias, de corto plazo y también con una alta incidencia de trabajo infantil y adolescente al interior del núcleo familiar. Cuando se les pregunta a las familias y a los adolescentes que trabajan en situación de autoempleo o cuenta propia sobre su interés de encontrar un empleo en actividad formal, la mayoría manifiesta su preferencia por mantenerse en economía informal; aun cuando ello signifique la imposibilidad de acceder a servicios relacionados con la seguridad social.

De la misma forma, muchos de quienes trabajan bajo esquemas de dependencia laboral, especialmente en ciudades como El Alto, La Paz y el Plan Tres Mil en Santa Cruz, lo hacen en actividades características de la actividad informal. En las ciudades mencionadas, la incidencia de empleo dependiente en actividades formales es reducida.

Por lo tanto, existe un sector que, de acuerdo con información estadística, podría estar entre el 30 y el 40% de la población económicamente activa que genera ingresos en la sombra de la economía informal, sin seguridad social de salud y sin ahorros de largo plazo para la vejez. Es decir, sin duda alguna se trata de poblaciones en situación de vulnerabilidad ante cambios bruscos en la economía, aun cuando en el corto plazo generan ingresos por encima del salario mínimo nacional.

A veces pareciera que no siempre estamos de acuerdo en que uno de los principales desafíos que tiene Bolivia es la erradicación de pobreza, la cual afecta a casi el 50% de la población. Muchas veces la elección de la política pública óptima implica generar incentivos en un lado, y desincentivos en otro lado, con el objetivo final de reducir y erradicar la pobreza, porque no siempre el Estado puede ser 100% efectivo, aun cuando las buenas intenciones marquen el accionar de los servidores públicos. Ejemplo de ello es que hasta ahora no ha sido posible identificar con claridad cuál es la política pública diseñada para incluir en la economía formal a millones de personas que trabajan o generan ingresos en el sector informal, en oficios y trabajos precarios de corto plazo y sin acceso a seguridad social.

La mayoría de los cambios introducidos hasta ahora en el marco legal laboral sin duda alguna han ayudado a generar estabilidad y a promover desincentivos a la explotación. Sin embargo, hay que tener el cuidado y la sabiduría para que los mismos no generen incentivos perversos que se pueden traducir en causas de mayor desempleo y precariedad en la actividad informal, especialmente cuando un país se enfrenta a potenciales desequilibrios ante crisis financieras internacionales y/o ciclos económicos adverso. En la actual crisis internacional, existen casos especialmente en Europa, donde la inflexibilidad de las leyes laborales ha dificultado la recuperación y acentuado los niveles de desempleo, precisamente para las poblaciones más vulnerables como son los jóvenes y los de menores ingresos.

Por lo tanto y en resumen, las crisis internacionales y los ciclos económicos adversos demuestran la necesidad de promover y contar con leyes laborales flexibles, sin que ello signifique renunciar a promover estabilidad laboral y desincentivar la explotación. En el caso de Bolivia, los nuevos cambios a la Ley laboral ojalá también incluyan incentivos para reducir la brecha de pobreza de quienes generan ingresos a través del autoempleo informal y para quienes se emplean en actividades y oficios también característicos de la economía informal.

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Acerca de Daniel Oporto Calderón

Ideas sobre economía inclusiva, negocios inclusivos, emprendedores inclusivos, mercados en la base de la pirámide, clima de negocios y mercados inclusivos, RSE en cadena de valor, CSR.
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