Microfinanzas, microseguros y micropensiones por Daniel Oporto (La Razón, 13 de Septiembre de 2010))

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Es indiscutible que Bolivia es un referente mundial en el avance y especialización de las microfinanzas, hecho que ha tenido como resultado la profundización de estos servicios en segmentos de bajos ingresos, pero de alto crecimiento, con tecnología crediticia diferenciada para cada prestatario, sea éste comerciante, conductor de transporte público, agricultor urbano o rural, entre otros, lo que permite una sana competencia entre todas las entidades que ofrecen este tipo de servicios.

De la misma manera, empieza a hacerse visible y destacable la experiencia que tiene Bolivia para promover el acceso a distintos tipos de seguros (generales o de vida) también destinados a los actores de menores ingresos, a partir de sinergias entre el sector de seguros y el sector de las microfinanzas. Evidentemente, el camino recorrido por los microseguros es bastante menor que el de las microfinanzas, pero las alianzas entre ambos sectores aseguran optimismo, credibilidad de un crecimiento eficiente y sostenible en el largo plazo.

Ahora bien, con relación a los ahorros individuales de largo plazo para la vejez, también es indudable que el avance del sistema previsional con la actual Ley de Pensiones ha permitido pasar de 329 mil afiliados en mayo de 1997 a 1,2 millones para fines del 2009. Es decir, que la cifra se ha multiplicado por cuatro, en un período de 13 años, lo que significa que 1,2 millones de bolivianos han realizado al menos un aporte a su cuenta de ahorro previsional e individual. A fines del 2009, únicamente 546 mil afiliados de los 1,2 millones aportaban activamente al sistema. Un dato adicional: del total de aportantes activos, únicamente el 2% (alrededor de 11 mil personas) correspondía a trabajadores independientes. Finalmente, el valor actual del Fondo de Capitalización Individual es de unos 4.300 millones de dólares y de este monto, apenas el 1,21%, se encontraba en mora, de acuerdo con  información del ente regulador.

Con los datos anteriores, no debiera existir duda alguna de que la actual Ley de Pensiones ha tenido resultados explosivos en afiliación, rentabilidad, cotizantes, volumen de ahorros de largo plazo con innumerables oportunidades para el mercado de valores en solamente 13 años de vigencia. De forma ecuánime, se debe reconocer que hubiera sido deseable obtener mejores resultados, especialmente, con respecto a la afiliación del sector de trabajadores independientes y/o trabajadores informales, que a la fecha no cuentan con ahorros para su vejez o, inclusive, mejores resultados para la población de menores ingresos que no tiene una pensión vitalicia eficiente ni en monto y, menos aún, en plazo. Las debilidades de la actual Ley pueden ser corregidas empleando mejores incentivos y mecanismos desde la política pública, pero también a través de mecanismos de mercado y de sostenibilidad como los que les han permitido a las microfinanzas y los microseguros promover un mejor acceso a los servicios financieros de corto plazo a millones de personas de bajos ingresos y, precisamente, en sectores de autoempleo, informales, trabajadores y profesionales independientes, que son los segmentos que ponen en evidencia las debilidades de la actual Ley de Pensiones.

Dentro de la nueva Ley de Pensiones propuesta por el Gobierno, debieran tomarse iniciativas sobre los intereses y derechos de tres grupos interesados, con voz y voto, sobre sus ahorros de largo plazo: i) aportantes actuales al sistema de AFP, ii) trabajadores independientes e informales que aún no aportan, iii) trabajadores de menores ingresos y en situación de vulnerabilidad. Para los primeros, debiera pensarse en un sistema mixto de gestoras privadas y públicas donde los propios aportantes ejerzan su derecho de decidir dónde quieren ahorrar para su jubilación, como ocurre actualmente en el mundo entero. Para el segundo grupo, se deben aprovechar los mecanismos de una política pública y también las soluciones del mercado como las microfinanzas y los microseguros, promoviendo incentivos y mecanismos creativos que van desde el ahorro voluntario, donde la educación es un factor relevante. Para el tercer grupo, el mecanismo del fondo solidario es una excelente opción que permitiría asegurar mejores pensiones para aquellos sectores de la economía, con bajos ingresos y en situación de vulnerabilidad, dadas las características y condiciones de la actividad económica que realizan.

De lo que se trata es que en la nueva Ley de Pensiones, los tres grupos poblacionales mencionados tengan mejores condiciones que antes y, más aún, que el sistema previsional en su conjunto sea más inclusivo, eficiente, sostenible y, sobre todo, confiable. Las amenazas y debilidades de la actual Ley pueden convertirse en una gran oportunidad para crear un sistema de pensiones y micropensiones que, al igual, que las microfinanzas y los microseguros, puedan ser ejemplos indiscutibles de mejores prácticas para todo el mundo.

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Acerca de Daniel Oporto Calderón

Ideas sobre economía inclusiva, negocios inclusivos, emprendedores inclusivos, mercados en la base de la pirámide, clima de negocios y mercados inclusivos, RSE en cadena de valor, CSR.
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